—“Es el reglamento del plantel y aquí se respeta”, dicen unos.
—“La Constitución garantiza su derecho a estudiar; la apariencia no quita lo inteligente”, dicen otros
—“Si no le gusta la disciplina, lléveselo a otra parte. Por solapar tanto berrinche los jóvenes de hoy no tienen valores”, reviran otros.
Ese diálogo retrata una de las paradojas más amargas de la sociedad: la defensa ferviente del abuso por parte de la misma comunidad que debería combatirlo. Al invocar la ley o las resoluciones de la Suprema Corte, la respuesta de la autoridad escolar (y de un sector de la comunidad) rara vez se apoya en el derecho. En su lugar, erigen una fachada de superioridad moral: la narrativa del "a mí me educaron con valores" que disfraza la sumisión como si fuera una virtud cívica.
Lo verdaderamente trágico de este fenómeno es su origen. Esta defensa encarnizada del dogma no es casualidad; es el producto directo de la mala educación que esos mismos adultos recibieron en las aulas. Durante décadas, el sistema escolar no formó ciudadanos conscientes de sus derechos ni pensadores críticos; adiestró individuos para la obediencia ciega, el silencio ante la arbitrariedad y el acatamiento de la jerarquía por el simple temor al castigo.
Hoy, quienes fueron educados bajo esa lógica de sometimiento son los adultos que exigen perpetuar el ciclo. Incapaces de distinguir entre la auténtica convivencia pacífica y el mero servilismo, asumen que haber tolerado reglas absurdas en su infancia fue lo que los hizo "personas de bien". Resulta desgarradoramente irónico que, siendo víctimas de un sistema pedagógico que les privó de entender sus propios derechos constitucionales, utilicen hoy pretextos tan burdos (como un peinado o un tinte) para negarle a los jóvenes la oportunidad de acceder a las aulas.
La postura jurídica no deja lugar a dudas. Tras la reforma de derechos humanos y la actualización del Artículo 3° constitucional, la SCJN determinó que la imagen personal está amparada por el libre desarrollo de la personalidad (Artículo 1°). Asimismo, el Artículo 133° establece que ningún reglamento interno puede vulnerar una garantía individual.
Confundir la subordinación irreflexiva con la educación no crea mejores ciudadanos; perpetúa un analfabetismo constitucional hereditario. La escuela pública existe para enseñar a razonar, no para adiestrar a acatar. Cuando una sociedad celebra que le cierren el paso a un estudiante por la forma en que lleva el cabello, no está defendiendo la disciplina: está demostrando el trágico éxito de un sistema educativo que le enseñó a enamorarse de sus propias cadenas.
